Durante las últimas semanas he tenido oportunidad de repensar la reciente iniciativa legislativa para prohibir la reelección inmediata de los presidentes regionales. La medida tiene sentido en la medida de dar una respuesta a lo ocurrido en las regiones como Áncash y Tumbes por ejemplo; sin embargo, el problema de fondo no se resolverá solamente […]
Por Carlos Hakansson. 11 agosto, 2014.Durante las últimas semanas he tenido oportunidad de repensar la reciente iniciativa legislativa para prohibir la reelección inmediata de los presidentes regionales. La medida tiene sentido en la medida de dar una respuesta a lo ocurrido en las regiones como Áncash y Tumbes por ejemplo; sin embargo, el problema de fondo no se resolverá solamente con medidas legislativas de corrección y, si lo pensamos mejor, no debemos olvidar que el semillero de renovación de la clase política debe provenir de las provincias, evitando su concentración en la capital como viene ocurriendo en el Perú.
Con relación a este tema, coincido con la opinión del profesor Steven Levitsky pues, si nos detenemos a analizar los resultados electorales en los primeros años de vida de las regiones, las simpatías por las reelecciones no es el plato corriente en el Perú; sólo el 16% de las presidencias regionales fueron reelectas y ninguno de sus presidentes obtuvo dos reelecciones; por tanto, como afirma el mismo profesor, en el Perú de hoy la idea de los eternos caudillos estaría más cerca de un mito que una realidad.
La medida de solución inmediata al problema de gestión y corrupción en las regiones no se resolverá impidiendo la reelección de sus presidentes, más bien favorecerá una mayor lentitud en el proceso de fortalecimiento de las instituciones del sistema político nacional; a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, donde la clase política se oxigena y renueva con personas procedentes del interior, es decir, políticos que tuvieron éxito en sus provincias, ya sea como parlamentarios, alcaldes, gobernadores, etc. La necesidad de reconstituir una clase política dirigente en las regiones es indispensable para fortalecer la institucionalidad, gracias a un proceso que se inicia desde el interior del país y que, con esa experiencia, puedan mediante elecciones democráticas dirigir los destinos del país.
Las medidas legislativas de reforma se traducen en el intento de tapar el sol con un dedo cuando el problema de fondo es mucho más serio, es estructural, pues en un Estado de Derecho los temas de corrupción deben ser resueltos por Congreso (con normas y penas más severas a los delincuentes); los actos terroristas a través del Ejército (defensa nacional) y la Policía combatiendo la delincuencia (seguridad ciudadana). El problema se produce cuando las instituciones no cumplen eficientemente con sus deberes.
